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Conago busca modificar nuevo sistema penal

Conago busca modificar nuevo sistema penal

Gobernadores integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) plantearon la necesidad de hacer modificaciones al Nuevo Sistema de Justicia Penal para proteger aún más a las víctimas y los derechos humanos.

Sostuvo que fue hasta octubre de 2015 que el gobierno federal asumió la responsabilidad para capacitar a 200 mil policías, que solo en este año los recursos federales asignados para impulsar el Sistema de Justicia Penal son más de mil millones, procedentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y citó que la capacitación de los policías municipales implica un ejercicio de casi 500 millones de pesos para este período.

En presencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, los asistentes acordaron agendar reuniones de trabajo para lograr consensos encaminados a mejorar el Nuevo Sistema de Justicia.

Al rechazar las críticas y afirmaciones de que el Sistema Penal Acusatorio contiene debilidades, el senador por el PAN se pronunció por la creación de una nueva cultura que conciba la acción punitiva del Estado, y se deje atrás al sistema inquisitivo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, pidió a actores políticos y a la sociedad no responsabilizar al Poder Judicial de las condiciones de inseguridad en el país derivado de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

En el caso de los acusados, refirió que este nuevo sistema es más 'garantista', hay muchos delitos que ya no son considerados como graves y son pocos los que aplican una prisión preventiva o juiciosa, por lo que en lugar de eso se les brindan salidas alternas y opciones para negociar con sus denunciantes o hasta pueden aceptar una penalidad mínima en acuerdo con el ministerio público.

El director general del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema de Acusación Adversarial, Fabio Valdés Bensasson, subrayó que no se le debe agregar el apellido "oficiosa a la prisión preventiva”". La justicia penal –puntualizó- es el último eslabón que se acepta en un estado cuando han colapsado otras políticas que tratan de reducir el fenómeno delictual. En el panel "Combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos”, consideró que el Senado de la República podría modificar que el declarante no regrese a la custodia policiaca -bajo el mando del acusador- después de haber declarado".

En los paneles también participaron Alejandro Hope, analista de temas de seguridad; Cecilia Real, investigadora de México Evalúa; María Elena Morera Mitre, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, A.C.; Gabriela Capó Ramírez, directora ejecutiva de INSYDE; Guillermo Zepeda Lecuona, investigador en el Colegio de Jalisco; José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México; y Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.